Diputados de Brasil aprueban proyecto de ley sobre juegos de azar
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la madrugada del jueves el texto básico de un proyecto de ley que legaliza y regula los juegos de azar en el país. La propuesta fue sometida a votación por el presidente Arthur Lira con el desagrado de una parte de la Cámara, especialmente de la bancada evangélica, pero fue aprobada con los votos favorables de 246 diputados. Otros 206 se opusieron y hubo tres abstenciones. Los puntos principales serán votados en la mañana del jueves y luego el proyecto pasa al análisis del Senado.
El tema había sido criticado por ciertos políticos de la Cámara en las últimas semanas, lo que presionó al gobierno federal y al presidente Jair Bolsonaro para que actuaran contra el proyecto de ley. Bolsonaro incluso envió mensajes a los diputados del gobierno en la madrugada del miércoles, pidiendo votos en contra de la propuesta, pero la movilización no fue suficiente para impedir la aprobación.
Antes de la votación del proyecto, los parlamentarios analizaron una solicitud del diputado Sóstenes Cavalcante, líder de la bancada evangélica, para que la propuesta fuera retirada de la agenda, pero la solicitud fue rechazada.
Por más que Bolsonaro haya impulsado a los diputados del gobierno a posicionarse en contra del proyecto, durante la votación de la solicitud de retirada de la agenda, la cúpula gubernamental liberó la orientación de los parlamentarios, dejando que cada uno decida su voto por su cuenta. De esta forma, muchos de ellos apoyaron que no se pospusiera la revisión de la propuesta.
Cuando los diputados fueron a votar el texto, el gobierno tampoco desaconsejó la propuesta. Con eso, el proyecto terminó recibiendo los votos favorables de muchos diputados.
El texto que recibió la aprobación de la Cámara propone la estructuración del Sistema Nacional de Juegos y Apuestas, admitiendo la explotación de juegos de casino, apuestas de turf (carreras de caballos), juegos de bingo, juegos de azar “con animales” (carreras de galgos y otros) y juegos de azar online. Según el texto, se define que los juegos y apuestas podrán ser ofrecidos a través de establecimientos físicos o virtuales.
Según el proyecto de ley, la explotación de juegos y apuestas será considerada como una actividad económica típicamente privada sujeta al control estatal. Así, el acceso a la misma no será gratuito, sino sujeto a la obtención de actos de consentimiento, como autorización para la incorporación de los operadores de juegos y licencia para el funcionamiento de los operadores de juegos y apuestas.
El texto establece un nivel de recaudación de impuestos resultante de la explotación de juegos y apuestas, cuyo objetivo es asegurar más recursos para la implementación y desarrollo de políticas públicas sociales.
La propuesta crea el CIDE-Jogos, regulador de los juegos, con una tasa fijada en el 17% para los juegos, y la tasa de fiscalización para la emisión de la licencia. Los recursos del CIDE-Jogos se distribuirán entre 13 áreas, siendo la mayor contribución para el Fondo de Participación Municipal y el Fondo de Participación Estatal, ambos con el 16%. Embratur también recibirá una participación significativa del 12%.
También está prevista la utilización de la recaudación con el Fondo Nacional de Seguridad Pública, el Fondo Nacional de Cultura, el Fondo Nacional de la Infancia y la Adolescencia y el Fondo de Financiamiento al Estudiante.
El proyecto autoriza la posibilidad de funcionamiento de casinos en embarcaciones fluviales y una licencia adicional para los estados de Pará y Amazonas por sus dimensiones territoriales. Además, se condiciona la existencia limitada de licencias de casinos integrados con el criterio poblacional de una licencia estatal con hasta 15 millones de habitantes, dos licencias estatales entre 15 millones y 25 millones de habitantes y tres licencias para un estado con más de 25 millones de habitantes.
Para la actividad de bingo, se limita una casa de bingo cada 150.000 habitantes por municipio y con un capital desembolsado de R$ 10 millones (US$ 2 millones). Se permitirá el funcionamiento de un máximo de 400 máquinas de video bingo en las casas. De la misma forma, las entidades de apuestas en césped podrán explorar juegos de bingo y video bingo. Los estadios con capacidad superior a 15.000 aficionados podrán ser utilizados por empresas de bingo.
La propuesta también crea el registro de lugares prohibidos, que consistirá en una gran base de datos destinada a registrar a los jugadores a los que se les impide entrar en los entornos de juego.
Se podrá controlar y registrar el acceso a los lugares de juego y apuestas, y permitir el seguimiento del comportamiento de los jugadores y apostadores, con vistas a su protección y prevención de trastornos de conducta relacionados con la actividad.
La introducción del juego, mediante apuestas en canales de comercialización electrónica, a través de Internet, telefonía móvil, dispositivos informáticos móviles o cualquier otro canal de comunicación digital autorizado, se autoriza mediante acreditación ante el Ministerio de Economía.
Para tratar de contener la ocurrencia de delitos de naturaleza sexual, blanqueo de capitales y delitos relacionados con estupefacientes, el proyecto establece un listado específico de delitos contra el juego y las apuestas. Tipificará como delito la conducta dequienes, por ejemplo, exploten cualquier tipo de juego sin cumplir los requisitos propuestos en la ley reguladora, intenten amañar el resultado del juego o apuesta o permitan a menores de 18 años participar en juegos y apuestas.
